El conflicto armado en Colombia ha sufrido grandes transformaciones en los últimos nueve años, enmarcado primero en una apuesta gubernamental basada en el incremento de la presión armada sobre los grupos al margen de la ley para la recuperación paulatina del territorio, denominada “seguridad democrática” y posteriormente “consolidación democrática”, y segundo, en un proceso de desmovilización de los paramilitares que ha derivado en el resurgimiento y reorganización de estos en nuevas estructuras, bajo otras prácticas ilegales, y con otros mandos.
El proceso de negociación con los paramilitares – AUC permitiría la desmovilización colectiva de miles de combatientes, para lo cual se diseñó e implementó la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, instrumento normativo reconocido a nivel nacional e internacional que, además de regular las disposiciones jurídicas para los procesos de desmovilización, buscaba generar rutas para conducir a los excombatientes a la reintegración social y comunitaria1, facilitar su judicialización (tras un arreglo entre Gobierno y los mandos de estos grupos armados, en condenas no mayores a 8 años), y así avanzar en un proceso transicional que posibilitara alcanzar la paz en Colombia. Asimismo, esta ley permitiría el acceso de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, principios de un modelo de Justicia Transicional.
Efectivamente entre el 2003 y el 2010 el proceso ha avanzado. Según el ex-Alto Comisionado para la Paz en Colombia, Cerca de 53.037 personas se habían desmovilizado de manera individual y colectiva, tanto miembros de los grupos guerrilleros (FARC, ELN, ERG) como miembros de las autodefensas (AUC). De estos, 4.162 estaban postulados a la ley de Justicia y Paz en 2010, con lo cual se ha logrado, a través de las versiones libres, conocer cerca de 40.455 hechos nuevos, 22.419 de ellos han sido confesados2; cerca de 32.000 combatientes han sido registrados en los programas de Gobierno para iniciar sus procesos de reinserción y reintegración a la vida civil. Paralelamente a la judicialización de estos se avanzó en la revelación y esclarecimiento de la verdad de los hechos, como elemento central para fortalecer principios de justicia y reparación para las millones de víctimas de la violencia en el país.
Seis años después de la desmovilización de las AUC, el panorama en Colombia no ha cambiado significativamente. El proceso transicional a la paz y la democracia se empantanó en medio de dos sinergias: la continuidad y recrudecimiento del conflicto armado interno y la adopción de medidas en el orden social, político y económico que plantean escenarios locales de postconflicto, situaciones que han suscitado la elaboración de discursos alternos entre los actores implicados con el fin de justificar sus acciones, pero que han dejado en vilo las necesidades de las víctimas.
El resurgimiento y reorganización de nuevas estructuras paramilitares3 ha teñido los procesos de justicia y paz, desde acciones armadas y violaciones de derechos humanos contra la población, hasta incidencias políticas con el fin de mantener o cambiar el orden sociopolítico establecido en algunas regiones del país, en busca del beneficio particular. Al respecto, ver:
La transición a la paz es un proceso que integra diversos cambios estructurales en el sistema político, institucional y social que propenden por la no prevalencia o reactivación de la violencia, y buscan garantizan el acceso a los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas. La reparación integral se constituye en uno de los principales componentes de este proceso, sin embargo, en Colombia, su contenido se ha reducido a la indemnización monetaria de los individuos y/o sus familias afectadas por la violencia, pero, más allá de ser una compensación económica e individual, la reparación debe ser vista como un proceso de carácter colectivo en el que se busca transformar el modelo de sociedad fundamentado en la impunidad.
A lo anterior se suman las dificultades que en los procesos de justicia se han evidenciado. Preocupa que si bien dos terceras partes de las versiones libres iniciadas hasta el momento ya han terminado formalmente, la mayoría de éstas han concluido porque no se hallaron delitos contra los procesados, y sólo cinco han terminado con confesión total de actos delictivos. Según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, “de las 1.626 personas que iniciaron versión libre, 1.189 no continuaron con el proceso debido a que la Fiscalía General de la Nación no tenía elementos para acusarlos de ningún delito grave”4.
Así entonces, el proceso transicional iniciado con la ley 975 de 2005 es relevado e incorporado al nuevo marco normativo que entrará en vigencia el próximo mes de enero de 2012 (ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras) que propende de manera directa por el restablecimiento de los derechos de las víctimas de la violencia desde los fundamentos centrales de los procesos de reparación, cambiando las perspectivas de la transición, pues si antes los esfuerzos se inclinaban a la desmovilización y reintegración de los combatientes pertenecientes a grupos armados ilegales, en función de otorgarles vías de acceso a sus derechos fundamentales, en esta ocasión las víctimas juegan el papel principal, girando sobre ellas los propósitos que se diseñen desde el Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales.
Esta editorial es la primera entrega de una serie de artículos que tienen como intención exponer desde una perspectiva crítica los componentes centrales que hacen parte del proceso transicional, con el fin de generar espacios de debate que posibiliten reflexiones sobre la realidad del proceso de construcción de paz y reconciliación en Colombia, especialmente ad portas de la implementación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, elemento que empieza ya a modificar el escenario nacional y que definirá el futuro cercano y a mediano plazo para las víctimas de la violencia.
1. La reintegración comunitaria se entiende como el proceso donde se proporciona a las comunidades instrumentos y capacidades para apoyar la reintegración de excombatientes; se vincula directamente el desarme y la desmovilización a una estrategia de recuperación más amplia basada en la comunidad. Albert Caramés, Escola de Cultura de Pau, 2007.
2. Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz, Datos a 28 Febrero de 2010
3. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación – CNRR (2010), Informe II, La Reintegración logros en medio de rearmes y dificultades no resueltas, Bogotá, Agosto de 2010
4. Informe Anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia, Informe marzo de 2009. Tomado de: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/10session/A.HRC.10.32_sp.pdf
Unos le dan con todo a los paramilitares, y otros a la guerrilla como si tomaran parte de alguno de los dos bandos y estuviesen en contra del otro, cuando en verdad el asunto es tanto guerrilleros como paramilitares SON EL MISMO VENENO con diferente etiqueta, ambos grupos son igual de criminales e infames, NO representan al pueblo colombiano en lo absoluto, son solo delincuentes que velan por sus propios y barbaros intereses, los dos han sido una maldición para el país.
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