Respuesta del Estado colombiano

Durante la década de 1970, las guerrillas buscaban afianzar su liderazgo y legitimar su presencia en la vida social y política de Colombia, buscando influencia a través de ganar la simpatía de los sectores campesinos del país. Como respuesta a estas movilizaciones guerrilleras, el Estado colombiano desarrolló, acogiendo la estrategia norteamericana llamada "Doctrina de la Seguridad Nacional", varias acciones concretadas en distintas etapas: el Plan Lazo (1962) mediante el cual se intentó asfixiar militarmente los últimos reductos de las guerrillas liberales no desmovilizadas, además de los nuevos grupos armados de tendencia marxista-leninista. Ante la nítida constitución y accionar de grupos guerrilleros de izquierda que empezaron a hacer presencia en lugares apartados donde el estado colombiano no la ejercía, tales como las FARC, el ELN, el EPL y el M-19, se elaboró el Estatuto de Seguridad y Defensa de la Democracia, expedido en 1978, el cual contenía los fundamentos para combatir a los grupos guerrilleros mediante la organización de la "defensa nacional", mecanismos para garantizar la "defensa civil" y la creación de "autodefensas". Con base en dichas normas, los encargados de la fuerza pública colombiana adiestraron, adoctrinaron y dotaron de armamento a civiles en áreas de conflicto con la finalidad de que la ciudadanía se involucrara en el conflicto armado y ayudara a las fuerzas de gobierno a derrotar a los grupos insurgentes. 

Ante las críticas presentadas nacional e internacionalmente frente al Estatuto de Seguridad, debido a su contenido invasivo en el tema del respeto de los derechos humanos y la involucración de civiles en el conflicto interno, el estado colombiano desarrolló la Estrategia del Conflicto de Baja Intensidad en 1982, el cual demostró su ineficacia para responder a la amenaza representada por el aumento del accionar de los grupos ilegales de izquierda y los nuevos grupos ilegales de derecha. Este incremento, traducido en mayor cantidad de acciones bélicas, atentados y masacres, se logró mediante la infiltración del negocio del narcotráfico como medio de financiación. Los grandes capitales obtenidos de este negocio, primero recaudados mediante el cobro de cuotas a los grupos narcotraficantes por el uso de rutas, insumos y campos para el cultivo, llevaron a que los líderes guerrilleros y paramilitares se apropiaran del negocio, en la medida en que el estado incrementaba la persecución a los actores de este negocio ilegal, y obteniendo un fortalecimiento de estos grupos en magnitudes nunca antes vistas. El Plan Colombia en 2001 permitió recaudar los fondos económicos que permiten actualmente operar la Política de Seguridad Democrática que inició en 2002, con la cual se ha modernizado la fuerza pública, se ha aumentado el pie de fuerza en el país y se pasó de un cambio estratégico de posición defensiva hacia abierto contrataque contra los grupos irregulares. 

En la víspera de las festividades navideñas de 2010 en las selvas del Guaviare y Meta cayó abatido en una operación de la Policía Nacional de Colombia el narco-paramilitar Pedro Oliviero Guerrero Castillo alias "Cuchillo". Con base en información de inteligencia, las autoridades lograron establecer que 'Cuchillo' y varios de sus hombres estaban reunidos el 25 de diciembre cerca a Mapiripán (Meta) celebrando la Navidad. A las 12 pm salió, disparó su arma al aire y bebió wisky, minutos después en medio del festejo fueron sorprendidos por las autoridades. Varios de sus lugartenientes fueron capturados en la operación; Guerrero logró huir con 2 de sus lugartenientes, aparentemente cayó ebrio a un caño, el peso de las armas, radios y botas no le permitieron flotar y así murió, posiblemente ahogado. En la mañana del 29 de diciembre de 2010 se encontró un cadáver que horas después se confirmó correspondería al otro narcotraficante.

Documental

La barbarie del paramilitarismo quedó evidenciada en una audiencia de Justicia y Paz

http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/la-barbarie-del-paramilitarismo-quedo-evidenciada-en-una-audiencia-de-justicia-y-paz/20120607/llevar/1702291.aspx

Hostilidades del paramilitarismo

El conflicto armado en Colombia ha sufrido grandes transformaciones en los últimos nueve años, enmarcado primero en una apuesta gubernamental basada en el incremento de la presión armada sobre los grupos al margen de la ley para la recuperación paulatina del territorio, denominada “seguridad democrática” y posteriormente “consolidación democrática”, y segundo, en un proceso de desmovilización de los paramilitares que ha derivado en el resurgimiento y reorganización de estos en nuevas estructuras, bajo otras prácticas ilegales, y con otros mandos.

El proceso de negociación con los paramilitares – AUC permitiría la desmovilización colectiva de miles de combatientes, para lo cual se diseñó e implementó la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, instrumento normativo reconocido a nivel nacional e internacional que, además de regular las disposiciones jurídicas para los procesos de desmovilización, buscaba generar rutas para conducir a los excombatientes a la reintegración social y comunitaria1, facilitar su judicialización (tras un arreglo entre Gobierno y los mandos de estos grupos armados, en condenas no mayores a 8 años), y así avanzar en un proceso transicional que posibilitara alcanzar la paz en Colombia. Asimismo, esta ley permitiría el acceso de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, principios de un modelo de Justicia Transicional.

Efectivamente entre el 2003 y el 2010 el proceso ha avanzado. Según el ex-Alto Comisionado para la Paz en Colombia, Cerca de 53.037 personas se habían desmovilizado de manera individual y colectiva, tanto miembros de los grupos guerrilleros (FARC, ELN, ERG) como miembros de las autodefensas (AUC). De estos, 4.162 estaban postulados a la ley de Justicia y Paz en 2010, con lo cual se ha logrado, a través de las versiones libres, conocer cerca de 40.455 hechos nuevos, 22.419 de ellos han sido confesados2; cerca de 32.000 combatientes han sido registrados en los programas de Gobierno para iniciar sus procesos de reinserción y reintegración a la vida civil. Paralelamente a la judicialización de estos se avanzó en la revelación y esclarecimiento de la verdad de los hechos, como elemento central para fortalecer principios de justicia y reparación para las millones de víctimas de la violencia en el país. 

Seis años después de la desmovilización de las AUC, el panorama en Colombia no ha cambiado significativamente. El proceso transicional a la paz y la democracia se empantanó en medio de dos sinergias: la continuidad y recrudecimiento del conflicto armado interno y la adopción de medidas en el orden social, político y económico que plantean escenarios locales de postconflicto, situaciones que han suscitado la elaboración de discursos alternos entre los actores implicados con el fin de justificar sus acciones, pero que han dejado en vilo las necesidades de las víctimas.

El resurgimiento y reorganización de nuevas estructuras paramilitares3 ha teñido los procesos de justicia y paz, desde acciones armadas y violaciones de derechos humanos contra la población, hasta incidencias políticas con el fin de mantener o cambiar el orden sociopolítico establecido en algunas regiones del país, en busca del beneficio particular. Al respecto, ver: 

La transición a la paz es un proceso que integra diversos cambios estructurales en el sistema político, institucional y social que propenden por la no prevalencia o reactivación de la violencia, y buscan garantizan el acceso a los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas. La reparación integral se constituye en uno de los principales componentes de este proceso, sin embargo, en Colombia, su contenido se ha reducido a la indemnización monetaria de los individuos y/o sus familias afectadas por la violencia, pero, más allá de ser una compensación económica e individual, la reparación debe ser vista como un proceso de carácter colectivo en el que se busca transformar el modelo de sociedad fundamentado en la impunidad. 

A lo anterior se suman las dificultades que en los procesos de justicia se han evidenciado. Preocupa que si bien dos terceras partes de las versiones libres iniciadas hasta el momento ya han terminado formalmente, la mayoría de éstas han concluido porque no se hallaron delitos contra los procesados, y sólo cinco han terminado con confesión total de actos delictivos. Según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, “de las 1.626 personas que iniciaron versión libre, 1.189 no continuaron con el proceso debido a que la Fiscalía General de la Nación no tenía elementos para acusarlos de ningún delito grave”4.

Así entonces, el proceso transicional iniciado con la ley 975 de 2005 es relevado e incorporado al nuevo marco normativo que entrará en vigencia el próximo mes de enero de 2012 (ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras) que propende de manera directa por el restablecimiento de los derechos de las víctimas de la violencia desde los fundamentos centrales de los procesos de reparación, cambiando las perspectivas de la transición, pues si antes los esfuerzos se inclinaban a la desmovilización y reintegración de los combatientes pertenecientes a grupos armados ilegales, en función de otorgarles vías de acceso a sus derechos fundamentales, en esta ocasión las víctimas juegan el papel principal, girando sobre ellas los propósitos que se diseñen desde el Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales.

Esta editorial es la primera entrega de una serie de artículos que tienen como intención exponer desde una perspectiva crítica los componentes centrales que hacen parte del proceso transicional, con el fin de generar espacios de debate que posibiliten reflexiones sobre la realidad del proceso de construcción de paz y reconciliación en Colombia, especialmente ad portas de la implementación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, elemento que empieza ya a modificar el escenario nacional y que definirá el futuro cercano y a mediano plazo para las víctimas de la violencia.

1. La reintegración comunitaria se entiende como el proceso donde se proporciona a las comunidades instrumentos y capacidades para apoyar la reintegración de excombatientes; se vincula directamente el desarme y la desmovilización a una estrategia de recuperación más amplia basada en la comunidad. Albert Caramés, Escola de Cultura de Pau, 2007. 

2. Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz, Datos a 28 Febrero de 2010 

3. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación – CNRR (2010), Informe II, La Reintegración logros en medio de rearmes y dificultades no resueltas, Bogotá, Agosto de 2010 

4. Informe Anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia, Informe marzo de 2009. Tomado de: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/10session/A.HRC.10.32_sp.pdf

Inicios

Carlos Castaño Gil, (Amalfi, Antioquia, 15 de mayo de 1965 - 16 de abril de 2004) fue un jefe paramilitar colombiano que lideró grupos armados ilegales de extrema derecha ligados al tráfico de drogas en Colombia.

Castaño se consolidó como líder de grupos criminales al tomar el mando de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) después de la muerte de su hermano Fidel Castaño, que había sido su fundador. Las ACCU era una unidad paramilitar de extrema derecha que ejecutaba sus acciones en Colombia. A las ACCU adscribía, entre otros bloques, el Bloque Metro de Medellín. A partir de las ACCU, Castaño consolidó y conformó las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) una alianza de grupos paramilitares que tenían por objetivo derrotar a las guerrillas colombianas como las FARC y el ELN y que estaba fuertemente ligada al tráfico de drogas.

Castaño proviene de una familia de Amalfi (Antioquia) de ocho varones y cuatro mujeres, varios de ellos asociados al narcotráfico y al paramilitarismo. A comienzos de la década de 1990 ya habían muerto ocho de los doce hermanos Castaño Gil. Su hermano Fidel, fundador de las ACCU era conocido por sus actividades en el tráfico de drogas y por su cercanía al capo Pablo Escobar a quien después combatió junto con Carlos en la organización conocida como Los Pepes. Su hermano Vicente ha sido señalado como el autor intelectual de la muerte de su propio hermano Carlos y de ser el promotor del grupo narco-paramilitar las Águilas Negras surgido tras la desmovilización de las AUC.

Carlos Castaño ha sido señalado como responsable de la masacre de cientos de campesinos y el asesinato de líderes políticos y sociales como Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro, Jaime Pardo Leal y el humorista Jaime Garzón entre otros.

Definición

El paramilitarismo, se refiere a organizaciones particulares que tienen una estructura y disciplina similar a la de un ejército, pero no forma parte de manera formal de las fuerzas militares de un Estado. Las organizaciones paramilitares, pueden o no, servir a los intereses del Estado y generalmente están fuera de la ley. Dentro de sus miembros pueden estar fuerzas policiales, mercenarios, integrantes de escuadrones de asalto o grupos de seguridad privados.

Estos grupos generalmente tienen un carácter de tropa irregular por lo que combaten sin obedecer las convenciones nacionales e internacionales para el ejercicio de la guerra, lo cual le permite excesos de violencia que serían inadmisibles en las fuerzas del Estado.

En el contexto del conflicto armado en Colombia, se considera organización paramilitar a aquellos grupos armados ilegales de extrema derecha denominados como Autodefensas. El grupo paramilitar más conocido en Colombia se autodenominaba Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) una confederación que reunió a varios grupos paramilitares del país bajo el mando del paramilitar, ya desaparecido Carlos Castaño; después del proceso de desmovilización de este grupo y sus aliados, actualmente se está dando el rearme y activación de varias facciones de estos, conocidos de manera genérica como las Águilas Negras.

El paramilitarismo en Colombia se refiere particularmente al accionar de ciertos grupos armados y al margen de la ley que se organizaron a partir de los años 1970 con el fin de combatir a los grupos armados de extrema izquierda (guerrillas colombianas).

Actividades de los paramilitares

La principal actividad de los paramilitares en Colombia y Venezuela es extorsionar a los empresarios con el fin de ofrecer una efímera seguridad contra los secuestros realizados por grupos armados de Extrema izquierda o guerrillas.

Su radio de acción es generalmente en zonas urbanas (pueblos o ciudades) donde no existen carteles de droga, su principal actividad económica es la extorsión a grandes empresas y PYMES.

Los paramilitares actúan en zonas selváticas cuando defienden sembradíos de droga, y trabajan para grupos ilegales como carteles de drogas que manejan grandes cantidades de dinero ilícito, hecho por el cual la denominación de autodefensas realmente sea la defensa de empresarios o carteles de drogas contra la guerrilla izquierdista, nunca en defensa de la población.

El grupo paramilitar cobra una comisión llamado también “vacuna” a empresarios, dependiendo de sus ingresos, las personas que manejan grandes empresas son extorsionadas con grandes cantidades de dinero anual y a la pequeña y media empresa extorsiona con mensualidades que van de acuerdo a sus ganancias, alcanzando a emprendedores como taxistas, buhoneros y cualquier empleado que tenga un alto sueldo.

Dichas extorsiones se realizan en dinero en efectivo la mayoría de las veces, pero en algunos pueblos o ciudades el grupo armado crea una empresa licita de seguridad (con poca o ninguna actividad laboral) para recibir el dinero y manejar cuentas bancarias facilitando el cobro y pago de sus necesidades.

Con el dinero recaudado pagan sus gastos, compran armamento, inmuebles, vehículos, entrenan nuevo personal para sus filas, pagan a informantes también llamados “sapos” y sobornan a autoridades policiales y militares para el libre desenvolvimiento de sus actividades ilícitas: trafico de drogas, armas, etc.

También se encargan de matar a toda persona que roba, trafiquen con drogas o realice cualquier acto ilícito o licito que pueda afectar al empresario, normalmente este procedimiento se llama “limpieza” y ocurre en los primeros meses en que el grupo armado se establece en la zona, la finalidad es que al momento en que se termine la “limpieza” puedan controlar todo el negocio del tráfico de drogas y puedan ellos mismos robar a la población.

Otro de los servicios ofrecidos a los empresarios por la extorsión es la muerte por encargo, el empresario tiene el derecho de solicitar al grupo armado que de muerte a cualquier persona o grupo de personas por cualquier motivo, ocasionando casos de sicariato desde indigentes hasta por motivos pasionales.

Resistencia a la extorsión.

El resistirse al pago por parte del empresariado puede tener 4 consecuencias:

1. Que secuestren al empresario para que la familia pague una gran cantidad de dinero (modus operandi poco frecuente ya que este mismo método lo usan sus enemigos de extrema izquierda o guerrilla) 
2. Que secuestren a un familiar para que el empresario se vea en la obligación de pagar la suma acordada. (Modus operandi poco frecuente ya que este mismo método lo usan sus enemigos de extrema izquierda o guerrilla) 
3. Que maten a uno de los familiares del empresario para que con el miedo de perder a otro familiar pague al grupo armado. 
4. Que maten al empresario con el fin de asegurar el pago del dinero por parte de otros empresarios usando el miedo y el terror como coacción. 

Por estas razones se clasifican como terroristas.

Enfrentamientos:

Motivado a la compra y utilización de las últimas generaciones de armas y explosivos los paramilitares pocas veces son enfrentados por entes de seguridad militar o policial del estado ya que superan en armamento a las autoridades que luchan contra este flagelo.

Sin embargo se han dado casos exitosos de golpes contra los paramilitares cuando toman los cabecillas o lideres de estos grupos y son rápidamente desarticulados, quedando los de más bajo nivel durante un tiempo inactivos hasta reagruparse con otro grupo paramilitar.

Se han registrado casos de enfrentamientos entre los paramilitares y las guerrillas izquierdistas que han durado horas e incluso días de combates campales, verdaderas guerras donde las autoridades militares esperan a que uno de los 2 grupos caiga y el ganador abandone la zona o enfrente a las autoridades.

Existe una teoría en la cual se dice que atacando a la guerrilla izquierdista sea en enfrentamientos o desmovilizándolos se desplome por si mismo los paramilitares, ya que la principal causa de la existencia ideológica en la extrema derecha es la defensa contra la extrema izquierda, de esta manera al no existir guerrilla que secuestre a empresarios estos confiarían mas en las autoridades policiales para sus problemas de seguridad y defensa que en los grupos de autodefensa armados. Esta teoría se basa en que se puede afirmar históricamente e ideológicamente que los paramilitares son una consecuencia de la guerrilla.

http://confines.mty.itesm.mx/articulos7/RivasP.pdf

Descripción

Existe una gran problemática que ha transcurrido por años en el territorio colombiano, acabando con la libertad, con los derechos y con la vida del pueblo; problemática que se presenta desde dos ángulos: el del paramilitarismo y el del papel del gobierno frente a éste, pero que, por tenernos a nosotros en el medio, no podemos ser indiferentes ante sus acciones.

El derecho sobre la conducción de las hostilidades (Ataque militar de un ejército o grupo armado contra otro, que denota enemistad, aversión, oposición, antipatía; conflicto armado entre pueblos o ejércitos) regula y limita los métodos y medios bélicos(es un adjetivo que permite hacer referencia a aquello perteneciente a la guerra) que pueden emplear las partes en un conflicto armado. Su finalidad es establecer un equilibrio entre la acción militar legítima y el objetivo humanitario de reducir el sufrimiento humano, sobre todo de los civiles. 

Este blog también incluye imágenes, información, apoyo audiovisual, opinión entre otros elementos, sobre el reencuentro histórico y la problemática del paramilitarismo en Colombia viéndolo desde la perspectiva de la Psicología Política.