Colombia es un país que siempre ha conocido la guerra pero el detonante del conflicto actual se suele situar el 9 de abril de 1948, cuando el candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado, hecho que dio origen a una revuelta popular conocida como "El Bogotazo" y a un largo periodo de enfrentamientos entre liberales y conservadores que dejó un saldo de por lo menos 300 mil muertos.
Tras un periodo de régimen militar de cuatro años (1953-1957) producto de un Golpe de Estado apoyado por los conservadores, el Partido Conservador y el Liberal formaron el Frente Nacional, un acuerdo político que les permitió alternarse en el poder durante 16 años dejando al margen a otras fuerzas políticas.
Durante la década de 1970, las guerrillas buscaban afianzar su liderazgo y legitimar su presencia en la vida social y política de Colombia, buscando influencia a través de ganar la simpatía de los sectores campesinos del país.
Como respuesta a estas movilizaciones guerrilleras, el Estado colombiano desarrolló, acogiendo la estrategia norteamericana llamada "Doctrina de la Seguridad Nacional", varias acciones concretadas en distintas etapas: el Plan Laso (1962) mediante el cual se intentó asfixiar militarmente los últimos reductos de las guerrillas liberales no desmovilizadas. Surgen nuevos grupos armados - tales como las FARC, el ELN, el EPL y el M-19-; cuya presencia en lugares apartados donde el Estado colombiano estaba ausente; Para contrarrestar a estas nuevas guerrillas, se elaboró el Estatuto de Seguridad y Defensa de la Democracia, expedido en 1978, el cual contenía los fundamentos para combatir a los grupos guerrilleros mediante la organización de la "defensa nacional", mecanismos para garantizar la "defensa civil" y la creación de "autodefensas". Con base en dichas normas, los encargados de la fuerza pública colombiana adiestraron, adoctrinaron y dotaron de armamento a civiles en áreas de conflicto con la finalidad de que la ciudadanía se involucrara en el conflicto armado y ayudará a las fuerzas de gobierno a derrotar a los grupos insurgentes.
A raíz de un aumento de las acciones de la guerrilla durante los años 90, el gobierno del Presidente César Gaviria Trujillo emite el Decreto Ley 3567 de 1994, el cual establece las condiciones para regular nuevos "servicios especiales de seguridad privada" (CONVIVIR) que operarían en zonas de combate donde el orden público es precario.
Uribe contribuyó en gran medida al desarrollo de ellas ya que defendió la organización y operación de las CONVIVIR locales en su departamento de Antioquía. Las CONVIVIR se define como «cooperativas de vigilancia y seguridad privada ».
Esa fue la respuesta oficial del gobierno en apoyo a los terratenientes que hacían frente al accionar de la guerrilla. El decreto ayudó a legalizar los grupos paramilitares que operan desde principios de los 80, cuando instructores de Israel como Yair Klein, llegaron al país para formar milicias a las técnicas de contrainsurgencia.
Así, el diario El País del 3 de agosto de1998 informó de que más de 2.000 CONVIVIR habían fusionado con los paramilitares para crear las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), un movimiento de extrema derecha formado en 1996 integrado por 16 grupos paramilitares en todo el país al mando de Carlos Castaño. Cabe señalar que ni los paramilitares ni las CONVIVIR atacaban directamente a la guerrilla, sino más bien la población civil sospechosa de tener simpatía por ella, la idea era "quitarle el agua la pez".
Las AUC se declararon como un grupo contrainsurgente que combatía a las guerrillas de las FARC, ELN y EPL y eran patrocinados por grupos de ganaderos, terratenientes y narcotraficantes de las regiones en las que operaban que eran hostigados o amenazados por dichas guerrillas. Más del 70% de sus ingresos provenían del narcotráfico, igualmente se financiaban con el secuestro y la extorsión además de recibir dinero de multinacionales que operaban en las zonas bajo su control. También recibieron colaboración de varios miembros de las Fuerzas Armadas además de tener estrechos vínculos con múltiples políticos colombianos con el objetivo de ganar poder militar y político en el país. Como se ha evidenciado con las últimas investigaciones judiciales, las AUC recibían de los organismos de inteligencia del Estado, los datos necesarios para asesinar a dirigentes políticos, sociales, estudiantiles, sindicales, afro-descendientes, indígenas, etc.
Los paramilitares son responsables del genocidio de la Unión Patriótica UP, partido político surgido como resultado de negociaciones entre la guerrilla y el gobierno. Entre 1982 y 2005 los paramilitares perpetraron más de 3.500 masacres, forzaron el desplazamiento de millones de campesinos y robaron más de seis millones de hectáreas de tierra, lo que viene a ser como una eficaz contra reforma agraria.
Tras el fracaso de las negociaciones de paz iniciadas por Pastrana en 1998, Uribe fue elegido presidente en 2002 con el lema de campaña "mano dura con un corazón grande". Su programa de gobierno está orientado a luchar incansablemente contra la guerrilla con el pleno apoyo de Washington, al mismo tiempo de seguir con las negociaciones de paz con los paramilitares.
Así, en 2003 firmaron un acuerdo de desmovilización con el gobierno, y habrían dejado las armas, unos 30.000 paramilitares y sus comandantes cesaron sus operaciones. Posteriormente se conocieron documentos y grabaciones telefónicas que hacían creer que algunos de sus miembros seguían delinquiendo desde la cárcel. Adicionalmente, algunos líderes de las AUC y varios grupos paramilitares locales no se acogieron al acuerdo de la desmovilización, volvieron a tomar las armas o crearon grupos criminales posteriormente, como las “Águilas Negras” (paramilitares de tercera generación) que seguirán gestionando el tráfico de drogas, extorsionando, amenazando y ejecutando a opositores políticos y dirigentes sociales.
Algunos de sus máximos jefes que estaban sometidos al proceso de desmovilización, fueron extraditados a los Estados-Unidos en la madrugada del 13 de mayo del 2008, para responder por el delito de narcotráfico ya que, según el gobierno, seguían delinquiendo desde la cárcel.
En 2006, Rafael García -ex jefe del departamento de inteligencia del DAS- reveló que la mayoría de los parlamentarios habían sido elegidos gracias al apoyo financiero y los votos forzados de las zonas controladas por los paramilitares. Actualmente, más de 50 parlamentarios de la bancada de Uribe. Este proceso se conoce como el escándalo de la parapolítica. El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, declaró que 48.766 funcionarios públicos son investigados por el delito de corrupción: la extrema-derecha, la oligarquía, los paramilitares y los narcotraficantes
El Pacto de Ralito, uno de los procesos más sonados dentro del escándalo de la parapolítica, es un documento que involucra a varios ex parlamentarios, alcaldes, gobernadores y otros funcionarios públicos en un acuerdo con las AUC para "refundar la patria".
En una carta enviada a Uribe, el ex-jefe paramilitar Salvatore Mancuso, critica al gobierno del manejo de la fase posterior del proceso de desmovilización de las autodefensas: "Los grupos emergentes son el subproducto del fracaso de la negociación en la mesa de Ralito, de no haber sabido manejar las diferentes etapas del proceso de paz". "Esas regiones que entregué las retomaron bandas emergentes, las nuevas autodefensas, las mismas de antes, o una mezcla de ambas", asegura. Mancuso agrega, "al final se evidenciará que todo esto no fue objeto de decisiones individuales, sino de una política de Estado, que surgió después del asesinato de Gaitán, cuando el Estado se vinculó al crimen". En esas negociaciones de paz, según el gobierno se desmovilizaron más de 30 mil combatientes de las AUC, de los cuales unos 7 mil, según la Organización de Estados Americanos (OEA), han regresado a las armas y más de mil 600 han sido asesinados desde entonces.
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