La desmovilización de los paramilitares en Colombia. Entre el escepticismo y la esperanza. 

Elvira María Restrepo y Bruce Bagley (Compiladores) 

Entre el 2003 y el 2009 se llevó a cabo la mayor desmovilización de excombatientes en la historia de Colombia. También, por primera vez, el proceso se enmarcó en él, relativamente reciente, campo de la justicia transicional y no en las amnistías incondicionales y la impunidad que caracterizaron todos los procesos de paz anteriores en el país. Estos dos hechos, por sí mismos, dan cuenta de la importancia de un proceso que aún no culmina y cuya relevancia y alcance para la construcción de la futura paz en Colombia no han sido bien entendidos, ni en el país ni en el exterior.

Este libro constituye un análisis concienzudo del proceso de desmovilización de los paramilitares y del marco jurídico que lo regula, realizado por veintiún expertos, académicos y periodistas. Entre el escepticismo y la esperanza, los autores dan al lector suficientes elementos de juicio para entender, criticar y contribuir a la búsqueda de la paz en Colombia, tan anhelada pero asimismo tan esquiva. Este volumen se basa en la convicción de que solamente a través del estudio pormenorizado de la complejidad y la magnitud del actual proceso de paz en Colombia se podrá contribuir al éxito de éste y, con ello, a un futuro proceso de paz con las FARC, el ELN y otros actores armados no estatales todavía alzados en armas.

Paramilitarismo en Colombia

Colombia es un país que siempre ha conocido la guerra pero el detonante del conflicto actual se suele situar el 9 de abril de 1948, cuando el candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado, hecho que dio origen a una revuelta popular conocida como "El Bogotazo" y a un largo periodo de enfrentamientos entre liberales y conservadores que dejó un saldo de por lo menos 300 mil muertos.

Tras un periodo de régimen militar de cuatro años (1953-1957) producto de un Golpe de Estado apoyado por los conservadores, el Partido Conservador y el Liberal formaron el Frente Nacional, un acuerdo político que les permitió alternarse en el poder durante 16 años dejando al margen a otras fuerzas políticas. 

Durante la década de 1970, las guerrillas buscaban afianzar su liderazgo y legitimar su presencia en la vida social y política de Colombia, buscando influencia a través de ganar la simpatía de los sectores campesinos del país. 

Como respuesta a estas movilizaciones guerrilleras, el Estado colombiano desarrolló, acogiendo la estrategia norteamericana llamada "Doctrina de la Seguridad Nacional", varias acciones concretadas en distintas etapas: el Plan Laso (1962) mediante el cual se intentó asfixiar militarmente los últimos reductos de las guerrillas liberales no desmovilizadas. Surgen nuevos grupos armados - tales como las FARC, el ELN, el EPL y el M-19-; cuya presencia en lugares apartados donde el Estado colombiano estaba ausente; Para contrarrestar a estas nuevas guerrillas, se elaboró el Estatuto de Seguridad y Defensa de la Democracia, expedido en 1978, el cual contenía los fundamentos para combatir a los grupos guerrilleros mediante la organización de la "defensa nacional", mecanismos para garantizar la "defensa civil" y la creación de "autodefensas". Con base en dichas normas, los encargados de la fuerza pública colombiana adiestraron, adoctrinaron y dotaron de armamento a civiles en áreas de conflicto con la finalidad de que la ciudadanía se involucrara en el conflicto armado y ayudará a las fuerzas de gobierno a derrotar a los grupos insurgentes. 

A raíz de un aumento de las acciones de la guerrilla durante los años 90, el gobierno del Presidente César Gaviria Trujillo emite el Decreto Ley 3567 de 1994, el cual establece las condiciones para regular nuevos "servicios especiales de seguridad privada" (CONVIVIR) que operarían en zonas de combate donde el orden público es precario. 

Uribe contribuyó en gran medida al desarrollo de ellas ya que defendió la organización y operación de las CONVIVIR locales en su departamento de Antioquía. Las CONVIVIR se define como «cooperativas de vigilancia y seguridad privada ». 

Esa fue la respuesta oficial del gobierno en apoyo a los terratenientes que hacían frente al accionar de la guerrilla. El decreto ayudó a legalizar los grupos paramilitares que operan desde principios de los 80, cuando instructores de Israel como Yair Klein, llegaron al país para formar milicias a las técnicas de contrainsurgencia. 

Así, el diario El País del 3 de agosto de1998 informó de que más de 2.000 CONVIVIR habían fusionado con los paramilitares para crear las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), un movimiento de extrema derecha formado en 1996 integrado por 16 grupos paramilitares en todo el país al mando de Carlos Castaño. Cabe señalar que ni los paramilitares ni las CONVIVIR atacaban directamente a la guerrilla, sino más bien la población civil sospechosa de tener simpatía por ella, la idea era "quitarle el agua la pez". 

Las AUC se declararon como un grupo contrainsurgente que combatía a las guerrillas de las FARC, ELN y EPL y eran patrocinados por grupos de ganaderos, terratenientes y narcotraficantes de las regiones en las que operaban que eran hostigados o amenazados por dichas guerrillas. Más del 70% de sus ingresos provenían del narcotráfico, igualmente se financiaban con el secuestro y la extorsión además de recibir dinero de multinacionales que operaban en las zonas bajo su control. También recibieron colaboración de varios miembros de las Fuerzas Armadas además de tener estrechos vínculos con múltiples políticos colombianos con el objetivo de ganar poder militar y político en el país. Como se ha evidenciado con las últimas investigaciones judiciales, las AUC recibían de los organismos de inteligencia del Estado, los datos necesarios para asesinar a dirigentes políticos, sociales, estudiantiles, sindicales, afro-descendientes, indígenas, etc.

Los paramilitares son responsables del genocidio de la Unión Patriótica UP, partido político surgido como resultado de negociaciones entre la guerrilla y el gobierno. Entre 1982 y 2005 los paramilitares perpetraron más de 3.500 masacres, forzaron el desplazamiento de millones de campesinos y robaron más de seis millones de hectáreas de tierra, lo que viene a ser como una eficaz contra reforma agraria. 

Tras el fracaso de las negociaciones de paz iniciadas por Pastrana en 1998, Uribe fue elegido presidente en 2002 con el lema de campaña "mano dura con un corazón grande". Su programa de gobierno está orientado a luchar incansablemente contra la guerrilla con el pleno apoyo de Washington, al mismo tiempo de seguir con las negociaciones de paz con los paramilitares.

Así, en 2003 firmaron un acuerdo de desmovilización con el gobierno, y habrían dejado las armas, unos 30.000 paramilitares y sus comandantes cesaron sus operaciones. Posteriormente se conocieron documentos y grabaciones telefónicas que hacían creer que algunos de sus miembros seguían delinquiendo desde la cárcel. Adicionalmente, algunos líderes de las AUC y varios grupos paramilitares locales no se acogieron al acuerdo de la desmovilización, volvieron a tomar las armas o crearon grupos criminales posteriormente, como las “Águilas Negras” (paramilitares de tercera generación) que seguirán gestionando el tráfico de drogas, extorsionando, amenazando y ejecutando a opositores políticos y dirigentes sociales. 

Algunos de sus máximos jefes que estaban sometidos al proceso de desmovilización, fueron extraditados a los Estados-Unidos en la madrugada del 13 de mayo del 2008, para responder por el delito de narcotráfico ya que, según el gobierno, seguían delinquiendo desde la cárcel.

En 2006, Rafael García -ex jefe del departamento de inteligencia del DAS- reveló que la mayoría de los parlamentarios habían sido elegidos gracias al apoyo financiero y los votos forzados de las zonas controladas por los paramilitares. Actualmente, más de 50 parlamentarios de la bancada de Uribe. Este proceso se conoce como el escándalo de la parapolítica. El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, declaró que 48.766 funcionarios públicos son investigados por el delito de corrupción: la extrema-derecha, la oligarquía, los paramilitares y los narcotraficantes

El Pacto de Ralito, uno de los procesos más sonados dentro del escándalo de la parapolítica, es un documento que involucra a varios ex parlamentarios, alcaldes, gobernadores y otros funcionarios públicos en un acuerdo con las AUC para "refundar la patria".

En una carta enviada a Uribe, el ex-jefe paramilitar Salvatore Mancuso, critica al gobierno del manejo de la fase posterior del proceso de desmovilización de las autodefensas: "Los grupos emergentes son el subproducto del fracaso de la negociación en la mesa de Ralito, de no haber sabido manejar las diferentes etapas del proceso de paz". "Esas regiones que entregué las retomaron bandas emergentes, las nuevas autodefensas, las mismas de antes, o una mezcla de ambas", asegura. Mancuso agrega, "al final se evidenciará que todo esto no fue objeto de decisiones individuales, sino de una política de Estado, que surgió después del asesinato de Gaitán, cuando el Estado se vinculó al crimen". En esas negociaciones de paz, según el gobierno se desmovilizaron más de 30 mil combatientes de las AUC, de los cuales unos 7 mil, según la Organización de Estados Americanos (OEA), han regresado a las armas y más de mil 600 han sido asesinados desde entonces.

Memoria y Dignidad Campesina

Consecuencias

Los grupos paramilitares se involucraron directamente con mafias de la droga y cometieron actos atroces contra la población civil como masacres y expulsión de sus regiones, fenómeno conocido como "desplazamiento forzado". 

Masacres: 

El 29 de septiembre de 1978 fue encontrado en un basurero cerca al municipio de Sibaté (Cundí), el cadáver torturado del abogado JOSE MANUEL MARTINEZ QUIROZ, militante del ELN. Su cara estaba destrozada, las uñas levantadas, las plantas de los pies quemadas. En los mismos días se conoció por confidencia anónima de un militar 

Desplazamientos:

Devolver la tierra despojada en el Urabá y en Córdoba, por mencionar el territorio donde la violencia propiciada por el paramilitarismo generó la más alta oleada de desplazamiento en Colombia, 160 mil personas solo en el departamento de Córdoba entre los años 1989 y 2011, según cifras del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), es una tarea titánica que implica acabar con una telaraña de intereses non santos por parte del narcotráfico y sus ejércitos de la muerte; del Estado y sus peculiares divagaciones jurídicas; de los ‘negociantes de la tierra’ y su dolo al aprovecharse del desposeído y de la víctima que se victimizó con el pasar de las décadas. 

Las consecuencias del paramilitarismo en Colombia se extienden cada vez más. En la década de 1980 eran minúsculos grupos de hombres armados que perseguían, supuestamente, a los miembros de la guerrilla. Paulatinamente fueron ganando terreno con el apoyo de terratenientes y de grupos que tienen interés por el control de regiones ganaderas. El número de víctimas dela violencia paramilitar se cuenta por decenas de miles al año. Antes de que finalizara la década de 1990, se llegó a contar unos 25 mil 298 muertos al año. La mayoría de estos muertos, según informes independientes, integraban familias campesinas pobres. Las masacres aparecieron a mediados de los ochenta como una forma de intimidación de los paramilitares en poblaciones bajo el control territorial de la guerrilla en zonas como Urabá, el Magdalena Medio y el Meta. A mediados de los noventa reaparecieron por todo el país como un sello de la presencia y barbarie de los paramilitares. 

Masacres y fosas comunes 

Este grupo paramilitar ha sido responsable de diferentes masacres en varias zonas rurales del país. Las autoridades han hallado fosas comunes donde se encontrarían miles de personas asesinadas por este grupo, incluidos varios niños. La ubicación de muchas de estas fosas aún no se conoce públicamente. Varios jefes paramilitares sometidos al proceso de desmovilización han revelado la ubicación de algunas de ellas. Según informes de prensa, a finales de los años 1990 este grupo incrementó el número de masacres llegando al punto de cometer 1 masacre cada 2 días entre los años 1999 y 2000, tiempo en el que perpetraron más de 200 masacres por año. 

• Masacre de Ariari – Meta (1985) 
• Masacre de campo hermoso Boyacá (1991) 
• Masacre de Rió sucio (1997) 
• La masacre de Segovia Antioquia del 11 de noviembre de 1988 
• Masacre de Trujillo valle del Cauca 1990 
• La Masacre de Mapiripán (Meta) 

Descuartizamiento 

Algunos miembros de las AUC recurrieron a armas no convencionales como el uso de motosierras para descuartizar a sus víctimas.

Rf1 www.eltiempo.com

Rf2 www.elespectador.com

Breve cronología del paramilitarismo

1993: Muerte de Pablo Escobar

1994: El gobierno de Cesar Gaviria, por el decreto 3.567, promueve la creación de las CONVIVIR.

1997 Septiembre: El Observatorio geopolítico de drogas considera que la mayoría de la cocaína que llega a los puertos españoles, holandeses y belgas proviene de costas bajos control de las AUC.

1999 Enero: El presidente Pastrana acepta dialogar con las Farc, pero no hace nada para desmovilizar a los paramilitares.

2001, 17 de marzo: El jesuita Javier Giraldo explica en una conferencia en Chicago que las AUC “no son un tercero protagonista del conflicto” sino “el brazo ilegal del estado” que existe desde varias décadas.

2002, Agosto: Álvaro Uribe es elegido presidente; en el mismo año, las AUC imponen sus candidatos en 223 municipios y en la mayoría de departamentos.

2002, 27 de noviembre: Diálogo de paz con las AUC, cese de fuego el primero de diciembre.

2003, 15 de julio: Se firma el Pacto de Ralito que incluye un alto de fuego unilateral y la desmovilización progresiva de 10.000 a 20.000 paramilitares. A finales del 2006, revelaciones de la prensa y investigaciones de la Justicia indican que los jefes de las AUC debatían en interno para saber si tenían que formar un partido único dentro del cuál los paramilitares desmovilizados participarían a las elecciones del 2006. Finalmente deciden apoyar la reelección de Uribe esperando que el nuevo congreso permita modificar la “Ley de Justicia y Paz”.

2005, 15 de junio: Primera desmovilización

2005, 20 de junio: Aprobación por el Congreso de la “Ley de Justicia y Paz”

2006 final de año: Estalla el escándalo de la parapolítica, las primeras revelaciones demuestran que los jefes paramilitares y líderes políticos se reunían para planificar la reelección de Uribe

2006 Diciembre: El jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, es arrestado. Será extraditado a los Estados-Unidos el 8 mayo.

2007, 19 de febrero: La Corte Suprema de Justicia ordena la arrestación de seis congresistas ligados a los paramilitares, entre ellos Álvaro Araujo Castro, hermano de la Cancillera y ministra de relaciones exteriores, María Consuelo Araujo, la cual renuncia a sus cargos pocos días después.

2007, 22 de febrero: Arrestación de Jorge Noguera Cotes, jefe de campaña de Uribe y luego, director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

2007, 16 de marzo: El fiscal general de Washington negocia un acuerdo con la multinacional bananera Chiquita Brands, acusada de financiar a grupos paramilitares. Chiquita es condenada a pagar una multa de 25 millones de dólares.

2007, 5 de mayo: El director de la policía nacional, general Jorge Daniel Castro y el director del servicio de información renuncian a petición de Uribe, en el marco del escándalo de las chuzadas (escucha y espionaje) a periodistas, jueces y miembros de la oposición.

2007, 6 de julio 6: Nueva arrestación de Jorge Noguera Cotes, quien había sido liberado el 23 de marzo 2007 por un vicio de forma procesal.

2007, desde julio: 44 congresistas son investigados y 16 están arrestados, particularmente por implicación en la creación y apoyo a las bandas paramilitares.

2008, 13 de mayo: Extradición de 14 jefes de las AUC hacía los Estados Unidos.

2008-2009: Se acrecientan las amenazas de las “Águilas Negras” en contra de organizaciones populares, decretan toques de queda y se disputan al precio de decenas de muertos, el control de barrios y el manejo de las actividades delictivas.